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La situación de la zona euro se asemeja a la de una gran familia. Los Estados comparten un destino común —si a uno le va mal, eso preocupa a los demás—. Hoy en día, muchos países sufren una coyuntura débil, una alta tasa de paro, unas balanzas bancarias poco claras, y algunos disponen de presupuestos estatales de cuya sostenibilidad dudan los mercados financieros. Cada una de esas crisis tiene su historia.

¿Cuál es la historia de España? Es verdad que España sufre la misma coyuntura débil que la zona euro, pero el problema estructural, el boom del sector inmobiliario hasta 2007, pesa aún más. Durante años, ese auge permitió subidas de sueldo sustanciales no solo a constructores y arquitectos, sino también a albañiles y carpinteros. El suelo estatal ayudó a sanear las cuentas de municipios y autonomías, los bancos ganaron dinero con hipotecas, y la economía española creció fuertemente.

Tan fuertemente que desde Alemania les mirábamos con envidia: en 2005, Alemania tenía más de cinco millones de parados, nuestra economía apenas crecía, cosa que sí hizo el déficit estatal. Recortes de subsidios para desempleados de larga duración, reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones, y subidas de sueldos muy moderadas mejoraron la competitividad de la economía alemana lo suficiente para competir por la dinámica demanda de los países emergentes. Como consecuencia, bajó el número de parados drásticamente.

A partir de 2007 se hizo cada vez más patente que el sector inmobiliario español había crecido a un ritmo insostenible, dopado de cierta manera por los bajos intereses del BCE, una regulación insuficiente de las hipotecas por parte del Banco de España y una inmigración políticamente incontrolada que dio al sector de la construcción mano de obra y demanda. Todo esto aceleró y prolongó el boom e implicó a gran parte de la sociedad española. Actualmente, España todavía sufre las consecuencias de ese exceso.

Tras las revelaciones sobre el déficit estatal griego, los mercados financieros escrutan meticulosamente las diferentes situaciones de los países del euro. Demandan intereses más altos de aquellos Estados de los que sospechan una mayor probabilidad de impago. El “límite mágico” de un interés del 7%, del que tanto se habla, no existe. Varios países del euro ya pagaban antes intereses más altos. Por eso nos parece improbable que el Estado español entre en una crisis de liquidez.

Sin embargo, para tales casos de crisis, la política europea ya ha tomado medidas. La zona euro ayudará a cada Estado con problemas de financiación: los Estados del euro avalarán a los acreditados a través del FEEF y del MEDE. Tal ayuda forma parte de cualquier familia respetable —pero por supuesto no se concede sin obligaciones y control—. Igual que en una familia se mira que el cuñado utilice el dinero prestado de manera razonable y que no tire la casa por la ventana.

Ese modus vivendi no gusta a ninguna parte, porque conlleva riesgos para los avalistas y una pérdida de soberanía para los acreditados —pero es la única manera de equilibrar medianamente los intereses de ambos lados—. Tampoco llevará a la salvación instantánea, porque la zona euro ahora parece atrapada en el tiempo: la política soluciona un problema financiero, pero poco después hay brechas por otras partes. Eso pasa por dos razones.

Primero, las burbujas inmobiliarias y financieras pudieron desarrollarse durante muchos años. Lo mismo puede tardar enmendar sus consecuencias. Segundo, la crisis bancaria agrava y realimenta el problema: los bancos sufren pérdidas reajustando el valor de los bonos estatales que mantienen. A la vez, los bancos morosos buscan ayuda del Estado —lo cual empeora las cuentas estatales—. Por eso, recapitalizar los bancos sistémicos con fondos europeos es un camino digno de considerar.

Esa situación compleja nos muestra nuestros límites a los economistas. No sabemos pronosticar fiablemente el desarrollo futuro. Igualmente, los políticos europeos tienen que encontrar el camino por el método de ensayo y error. Esto no es popular, tampoco en Alemania, y provoca algunas propuestas simplistas, por ejemplo, que Grecia salga del euro. Esa medida solo podría ser la última ratio, porque tal ruptura crearía una tremenda inseguridad a corto plazo y dañaría la convivencia europea a largo plazo.

Otras medidas demasiado simples son los eurobonos o las intervenciones del BCE ilimitadas e incondicionadas. Los eurobonos conllevan el grave peligro de que los políticos nacionales intenten vivir a cuenta de sus vecinos europeos. Y la compra masiva de bonos estatales por el BCE quizá alivie a corto plazo, pero entraña el peligro de inflación y de dañar la credibilidad e independencia del BCE.

La solución no radica en demandas simplistas, sino en respetar lo que hemos conseguido hasta ahora. España, para reestructurar su economía y sanear sus cuentas estatales, se está sometiendo a un tratamiento considerable, en el mercado laboral, en los impuestos, etcétera. Ya se ven las primeras señales positivas: las exportaciones han aumentado mucho desde 2008 y el déficit estatal baja desde 2009. Por supuesto, la tasa de paro es altísima y dolorosa, pero bajará a medio plazo. Para seguir así se necesita disciplina y paciencia, y no hay atajos que valgan —pero hay ayuda europea—. Porque todos los países de la Eurozona han demostrado con el FEEF y el MEDE, con la recapitalización de bancos españoles y el pacto fiscal, que quieren tanto solidaridad como solidez. Y eso también merece respeto.

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